Quarta-feira, 10 de Março de 2010

Colaboração com o terrorismo? O Estado Espanhol precisa de se acusar a si mesmo!

Nota: E no fim está um outro artigo sobre o irmão gémeo do Estado Franquista Espanhol, o regime paramilitar da Colômbia de Álvaro Uribe.

 

Falange yTradición (FyT): La impunidad al desnudo

El sumario revela que FyT se reunió en un edificio del Ministerio de Defensa.Tenían armas pero están en libertad y la jueza que instruyó el caso emplaza al Supremo porque la Audiencia Nacional pasa.

Kaos. Euskal Herría | Gara | 9-3-2010 a las 12:45 | 1549 lecturas | 6 comentarios

 

CASO FALANGE Y TRADICIÓN

La Audiencia Nacional abre un conflicto jurídico al rechazar el caso de Falange y TradiciónIruñea. Falange y Tradición (FyT), el violento grupo de extrema derecha que durante todo 2009 cometió decenas de ataques contra la memoria histórica y amenazó de muerte a varias personas y cargos públicos, utilizó una instalación del Ministerio de Defensa para una de sus reuniones clandestinas. Así lo constata la jueza María Mar Benito Osés, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, en el denso escrito que ha enviado al Tribunal Supremo. La magistrada señala, además, que el grupo ultra tenía firmes intenciones de proseguir su actividad delictiva mediante la captación de adeptos y la compra de armas. Por todo ello, la jueza pretende que sea la Audiencia Nacional (AN) quien juzgue a los cinco detenidos e imputados.


IRUÑEA-. El Supremo deberá dilucidar a quién le corresponde juzgar a Falange y Tradición y, por tanto, si sus actos pueden considerarse "terrorismo". La juez navarra Paz Benito Osés ha decidido llevar la batalla competencial hasta al Alto Tribunal, después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazara el caso contra las tesis de su propia Fiscalía.

La juez Benito, en el escrito remitido al Tribunal Supremo, defiende que los delitos de Falange y Tradición deben encardinarse en el epígrafe de "terrorismo", puesto que detalla que estamos ante "una pluralidad de acciones violentas con clara intencionalidad subversiva, provinientes de un grupo extrema dere- cha, organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado".

A juicio de la magistrada de Iruñea, las acciones de Falange y Tradición no pueden ser entendidas como una cadena de hechos delictivos, sino como un todo con "gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de población". Benito recuerda el propio comunicado del grupo, en el que fijaba como objetivo de sus acciones "a los enemigos de la patria: el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió camino en septiebre del pasado año para que los neonazis fueran perseguidos en la Audiencia Nacional. A juicio del fiscal Zaragoza, que estos grupos pretendan alterar la paz pública, subvertir el orden constitucional y atemorizar a sectores de la población es motivo suficiente para procesarlos por el artículo 577 del Código Penal. Zaragoza nombró al fiscal Daniel Campos para el tema, pero éste no consiguió convencer al juez Moreno para que se hiciera cargo de la investigación. Actualmente, otro grupo de carácter neonazi está a la espera de ser juzgado en la Audiencia Nacional por un ataque contra una mezquita en Reus.

Por otra parte, el documento que la juez Benito ha remitido al Supremo desvela muchos de los detalles de la ``Operación Quimera'' que seguían ocultos. La Guardia Civil decidió darla por cerrada tras detener a cuatro navarros (Javier López Monreal, Fermín Domingo Turrillas, David Murillo y José Ignacio Irusta) y a un joven de Irun, Borja Pérez Illera.

El texto remarca que fue la Audiencia Nacional quien dio la orden de pinchar los teléfonos de los acusados, antes incluso de que saliera el comunicado de reivindicaciones con el que se dio a conocer el grupo. Estas escuchas cesaron dos semanas antes de la aparición del manifiesto. La Audiencia Nacional de- terminó el "sobreseimiento provisional" del caso el 8 de septiembre, a pesar de que agosto fue el mes con mayor actividad delictiva por parte de Falange y Tradición.

Irusta era el líder de la banda

En el texto remitido por la juez se detalla que José Ignacio Irusta era el líder de la organización, "quien marca los objetivos, las acciones a realizar, y es quien convoca a la gente para las actuaciones que se van a llevar a cabo". Irusta (que ha confesado ser el autor de todos los actos reivindicados) se encuentra en libertad bajo fianza, al igual que sus compañeros. Tres de ellos abonaron 10.000 euros y los dos más jóvenes, Fermín Domingo Turrillas y David Murillo, sólo 6.000. La Guardia Civil encontró en casa de Irusta una escopeta con su maletín, un rifle de cerrojo de 1954, una bayoneta, un sable y sprays de pintura.


A lo largo de las más de 800 páginas de escrito, la jueza menciona la declaración voluntaria que Rogelio Taboada Plano, delegado en Nafarroa del partido ultra España 2000, hizo el 25 de octubre a la Guardia Civil. Taboada dijo haber participado en la reunión que el 10 de julio de 2009, en plenos Sanfermines, Falange y Tradición celebró en las piscinas de los militares General Mola, ubicadas en la calle Taconera. Según documentación oficial del Ayuntamiento de Iruñea, este recinto, denominado oficialmente Centro Deportivo General Mola, pertenece y es gestionado por el Ministerio de Defensa del Gobierno español. Su uso queda restringido a sus asociados, generalmente militares o sus familiares. El recinto, ubicado en pleno centro de la capital, en la calle Taconera, cuenta con las habituales medidas de vigilancia de los edificios oficiales para prevenir atentados.

Pese a ser propiedad de Defensa y de acceso restringido, Falange y Tradición, con un rosario de actos violentos a sus espaldas, celebró allí el encuentro más numeroso de todos los que tuvo conocimiento la Policía durante la investigación. El fin de la reunión, según las investigaciones policiales y judiciales, era reclutar activistas. En ella, José Ignacio Irusta, El Barbas, considerado por la Policía el máximo responsable del grupo ultra, solicitó a Taboada el número de teléfono de José Luis Roberto, presidente de España 2000, con el fin de obtener armas de fuego para emplearlas en acciones violentas contra integrantes de la izquierda abertzale en nombre de FyT. Taboada confesó después a los investigadores que ante la gravedad de esta solicitud abandonó el contacto y la relación que mantenía con El Barbas.

grupo "armado" La jueza insiste en que la gravedad de los hechos requiere la intervención de la Audiencia Nacional: "Nos encontramos con una pluralidad de actuaciones violentas con clara intencionalidad subversiva, provenientes de un grupo de extrema derecha organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado, por lo que procede estimar que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a la Audiencia Nacional". Con este párrafo cierra la magistrada Benito el informe remitido al Supremo el pasado jueves 4 de marzo, y hecho público ayer, en el que reitera su convencimiento de que se dan todos los elementos para que la Audiencia Nacional asuma la competencia de la causa.

La juez recuerda, además, que esta causa se inició precisamente ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que acordó las intervenciones telefónicas que se habían solicitado por la Jefatura de Información de Guardia Civil y que posteriormente acordó su sobreseimiento provisional de la causa. "El Juzgado está yendo en contra de su propio criterio, que ha quedado plasmado en las resoluciones que dictó", añade la magistrada. Además, considera que existen indicios suficientes para estimar su solicitud, "puesto que no nos hallamos ante delitos de daños, amenazas o coacciones aislados, sino cometidos por un grupo estable, que pretende con estas actuaciones una finalidad que va más allá de la intrínseca a los correspondientes delitos".

La juez señala que "los actos llevados a cabo contienen la gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de población", y recuerda que "todos los objetivos de los ataques se vinculan con la ley de la memoria histórica o con partidos, personas o intereses relacionados con la izquierda abertzale".

La magistrada también menciona el manifiesto que FyT envió a las medios de comunicación el 23 de septiembre de 2009. En él no sólo reivindicaba la autoría de los ataques cometidos hasta esa fecha -que se recogen en la parte inferior de estas páginas-, sino que apuntaba con detalles cuáles eran sus objetivos. Para la jueza, "establece claramente que sus enemigos son el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano"" y advierte de que "actuará con los medios que sean necesarios para la instauración en España de un régimen político verdaderamente cristiano y nacional".

BANDa organizada FyT actuó por última vez en octubre de 2009, apenas unos días antes de que el 23 de ese mismo mes la Guardia Civil diera por desarticulado este grupo con la detención de cinco de sus presuntos miembros y cuyas identidades se conocieron ayer. Se trata de José Ignacio Irusta Sánchez, El Barbas, natural de Bilbao pero con domicilio en Sunbilla; Borja Pérez Illera, nacido en Irun, arrestado en la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego y que desempeñaba en esta provincia su trabajo como soldado profesional del ejército; Javier López Monreal, El Lanas, detenido en Orkoien; y David Murillo Eslava y Fermín Domingo Turrillas, ambos arrestados en Barañain.

 

Fonte: Kaos en la red (Estado Espanhol)

 

Se investigan más de 1200 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército durante Uribe Vélez

Crímenes de Estado:430 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de la "seguridad democrática.Diariamente son desplazadas un promedio de 1.250 personas. Hay más de 22 grupos paramilitares

Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano (MOVICE) | Para Kaos en la Red | 9-3-2010 a las 13:17 | 412 lecturas | 7 comentarios

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano (MOVICE) objeta y se opone a la continuidad de la política de Seguridad Democrática implementada en Colombia desde el año 2002. Durante los últimos ocho años, y a pesar del incremento en el gasto militar para la seguridad, persiste el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la criminalización y persecución de la oposición política, el exilio, el desplazamiento forzado y la imposición de un modelo económico que profundiza la pobreza, la destrucción de la biodiversidad y la posibilidad de garantías y satisfacción para los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Los ocho años de implementación de la política de Seguridad Democrática se ha expresado en:

• Una política de perdón y olvido para los paramilitares. De los 35.353 paramilitares que se han desmovilizado, solo 698, o sea un 1.98%, están siendo procesados por los delitos cometidos y solo uno ha sido condenado. Condena que fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

• La implementación de acciones criminales en todas las esferas del gobierno colombiano. Hasta el momento, más de 133 congresistas y ex-congresistas han sido investigados por sus presuntos nexos con paramilitares. También son investigados por delitos graves como asesinatos y desapariciones forzadas 14 ex gobernadores, 7 ex diputados y 35 ex alcaldes, la gran mayoría de estos pertenecientes al partido político del actual presidente –Álvaro Uribe Vélez-1.

• El Director del Departamento de Seguridad (DAS) durante el periodo que va de 2002 a 2005, se encuentra detenido por nexos con paramilitares, interceptaciones ilegales de las comunicaciones y por la creación de un órgano ilegal que tenía como fin hacer seguimiento e intimidar a jueces, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.

• Siguen operando más de 22 grupos paramilitares, que a finales de 2009 contaban con 11.000 miembros armados, el mismo número que reportaban para el año 2002.

• La extradición de 23 jefes paramilitares a los Estados Unidos como forma de evitar que las víctimas obtuvieran información sobre los beneficiarios y autores intelectuales de más de 30.000 crímenes de Lesa Humanidad.

La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 1200 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública entre los años 2002 a 2008.

Un permanente incumplimiento a los principios del Derecho Internacional Humanitario con la utilización de la población civil en el conflicto armado bajo diferentes modalidades como “la red de informantes”, “soldados por un día”, “familias guardabosques”, “estudiantes informantes”, “taxistas informantes”, entre otros.

La entrega de 7 bases militares al gobierno de los Estados Unidos, dejando por fuera del control nacional las acciones cometidas por estas fuerzas militares y otorgando fuero militar frente a los delitos que los estadounidenses puedan cometer en nuestro país.

Una práctica sistemática de persecución y criminalización de la oposición política, con señalamientos detenciones masivas e individuales de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.

Del 2002 al 2009 más de 430 sindicalistas han sido asesinados; tan sólo en el año 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas .

La falta de garantías para las víctimas, que se expresa en las más de 800 solicitudes de protección solicitadas a La Procuraduría General de la Nación en el año 20084.

Las mujeres colombianas sufren una violación sistemática y generalizada de todos sus derechos humanos, son víctimas de feminicidios, han tenido que exiliarse, refugiarse o migrar para salvar y/o mejorar sus vidas y las de sus familias, son sometidas a violencia sexual, traficadas y explotadas. Se ha presentado un incremento en el desplazamiento forzado.

Diariamente se desplazan un promedio de 1.250 personas y el 75% de ellas son mujeres y niños.

Incremento del gasto en defensa y seguridad, desatendiendo la inversión social en salud, educación, empleo, vivienda.

Incremento de la pobreza y de la desigualdad social, que se agrava con la implementación de un modelo económico que propenden por la firma de tratados de libre comercio que sólo benefician a empresas transnacionales.

La aplicación de diversos mecanismos de impunidad que permiten la excarcelación de militares implicados en ejecuciones extrajudiciales y de políticos vinculados al paramilitarismo.

Por todo esto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano, y los colectivos y organizaciones que lo apoyan y firman esta declaración, rechazan la continuidad de la política de Seguridad Democrática y las políticas de impunidad implementadas en Colombia. Por verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, y por un regreso digno y con garantías para los exiliados políticos.

Organizaciones que se adhirieron en Catalunya a la declaración pública del MOVICE el 6 de marzo de 2010:

Intersindical –CSC-

Cooperacció

Entrepobles

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Col·lectiu Maloka

ACP – Asociación Catalana per la Pau

Federació Catalana d’ONG per la Pau

Colectiù Republicà Baix Llobregat

LLiga dels Drets dels Pobles

Comité Català de Solidaritat Internacionalista

Coordinadora Colombia Catalunya COLCAT

Associació d’Estudiants Progressistes

Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-

Consorci Colómbia pau en moviment

Esquerra Unida i Alternativa – EUiA

Assemblea Bolivariana de Catalunya

Dones per Dones

Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya -JERC-

Agencia Prensa Rural

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC

IPO, International Peace Obvseratory

PDA - Cataluña

Coordinadora de la Festa de la Diversitat de Sabadell

Asociación nuestra América

Asociación Xarxa colombo-catalana

Joves Comunistes de Catalunya

Partit Socialista Unificat de Catalunya viu

Iniciativa per Catalunya Verds

Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya

Sindicato LAB del País Vasco

Federación Local de Tarragona de la CNT

Fundació Pau i Solidaritat

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO

Sindicalistes solidaris-UGT

Consell Nacional de la Joventut

Partit dels i les comunistes de Catalunya

Asociación Nuevos Colectivos

Marxa Mundial de Dones – Catalunya

Revolta Global/ Esquerra Anticapitalista

Representante en Europa del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz de Colombia

La Sucursal S.A

Se adhieren de forma personal

Andrea Magdalena Kunert

Marcelo Rosero

 

http://www.prensarural.org

 

Fonte: Kaos en la red

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publicado por Rojo às 19:22
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